Sobre la intervención de la Iglesia en los conflictos sociales, Malaidea.

 

Cuando las contradicciones entre las personas son insalvables, cuando la racionalidad se está agotando, cuando no existen las instancias orgánicas o cuando se quiebra un Estado de Derecho, es posible, que una autoridad ajena a la institucional, intervenga y contribuya a componer las relaciones, establecer el dialogo y/o actúe como mediador; pero cuando existe un país normalizado, cuando existe un presidente, ministros, congresistas, alcaldes, consejeros y concejales,  partidos políticos y dirigentes sociales, es decir representantes de los ciudadanos y ciudadanas en todo su espectro social, no parece necesario, que dignatarios de instituciones religiosas, filosóficas, chamanes, brujos o hipnotistas tengan que suplir el rol que les corresponde a los ciudadanos organizados y a sus autoridades elegidas democráticamente. Cada cual debe saber asumir su rol, debe desplegar sus habilidades y facultades para resolver los problemas que se generan en el ámbito público.

Sin embargo, para el Presidente Piñera y su Gobierno, parece  formar parte de la acción política, la intervención de la Iglesia Católica, en los conflictos sociales y  políticos, donde su equipo de gobierno demuestra incapacidad para  resolverlos. Es abusivo de parte del gobierno, usar la convicción religiosa para “ablandar” a los ciudadanos, es abusivo aprovecharse de la Fe para doblegar la voluntad o para presionar a diversos actores sociales para que renuncien a sus legítimas aspiraciones.

Chile optó hace mucho tiempo por separa el Altar de la Constitución y las leyes (1925), no por invalidar la fe cristiana, ni por cuestionar el rol espiritual de una Iglesia como la Católica, sino por la convicción que el entendimiento y el ordenamiento de una sociedad, se tiene que regir por normas, que sean validadas por los ciudadanos y no por los fieles, por las leyes terrenales y no por las celestiales.

No obstante ello, este gobierno recurre permanentemente a dignatarios y religiosos de la Iglesia Católica para resolver, mediar e intervenir en los conflictos sociales y políticos, demostrando con ello, por una parte, dependencia  religiosa y por otra, incapacidad para implementar diálogos democráticos, debatir en la diversidad, y generar a partir del disenso, espacios de consensos básicos, que permitan el entendimiento entre gobernantes y gobernados.

Es de esperar que el conflicto por el gas, que afecta a la comunidad de Punta Arenas, se resuelva por los canales propios de la democracia y la institucionalidad que el país tiene para resolver sus controversias y no sometiendo a las partes a presiones celestiales y divinas.

(*) Por Jorge Díaz Guzmán