El Convenio UPOV existe desde el año 1961 y el presente proyecto de Ley del “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” tiene por artículo único aprobar la adhesión de Chile al Acta del año 1991, recalcando que Chile es miembro de UPOV hace 15 años como miembro de UPOV 78.
El propósito del Convenio Internacional UPOV, desde su origen e incluyendo todas sus actualizaciones, es asegurar los derechos de obtentor de cualquier persona o empresa que genere una nueva variedad vegetal, independiente del método de mejoramiento vegetal utilizado (cruces, mutagénesis, ingeniería genética, etc).
El Acta 1991 mantiene inalterados los requisitos que debe cumplir una nueva variedad para ser susceptible de protección, es decir, debe tratarse de una variedad nueva, distinta, homogénea y estable. Esto significa que la variedad no debe haber sido comercializada antes, no debe ser conocida ni figurar en listados oficiales de especies vegetales, sus características deben ser uniformes y estas se deben mantener de generación en generación. Los requisitos de no haber sido comercializada antes (nueva) y el de no ser conocida ni figurar en listados de especies vegetales (distinta), invalidan todas las aprensiones de que cualquier persona se va a poder adueñar de vegetales o semillas nativas o con uso histórico en nuestro país.
Las actualizaciones del acta 78 al acta 91 no conllevan la posibilidad de un aumento en los costos para los pequeños agricultores. Por ejemplo, el acta 91 extiende la protección al producto de la cosecha si el obtentor no la pudo ejercer en la semilla o planta (no tiene efecto sobre el costo de los pequeños agricultores). UPOV 91 deja libertad a los países para regular el privilegio del agricultor, que es la posibilidad de que los agricultores usen en su propia explotación el producto de la cosecha de variedades protegidas para siembras posteriores (puede significar menores costos para los pequeños agricultores). Extiende el período de protección de 15 a 20 años en cultivos y de 18 a 25 años en árboles y vides (No tiene efecto sobre el costo de los pequeños agricultores). Además considera los conceptos de protección provisional que otorga beneficios de obtentor en el periodo entre que se presenta la solicitud de obtentor y la inscripción final (No tiene efecto sobre el costo de los pequeños agricultores), y el concepto de variedad esencialmente derivada con el fin de optar a los beneficios de obtentor en estas variedades (No tiene efectos sobre el costo de los pequeños agricultores).
En Chile existe el registro de variedades oficialmente descritas del SAG, el cual contiene 1.770 variedades, de las cuales 700 están protegidas, las cuales a su vez son la base de la agricultura y fruticultura chilena y han permitido a Chile ser líder mundial en rendimientos de cultivos y exportaciones frutícolas, siendo por lejos los principales beneficiados con estos atributos la agricultura y los agricultores chilenos, incluyendo a los pequeños agricultores. Es necesario enfatizar que existen muchas variedades públicas, que son de libre acceso para quien quiera comercializarlas a cualquier título cumpliendo con las condiciones establecidas para el comercio de semillas y plantas de la Ley de Semillas (D.L. 1.764, 1977). Es decisión del agricultor qué tipo de variedad siembra.
Por su parte, el proyecto de bioseguridad de Organismos Vegetales Modificados nace de una moción parlamentaria en el año 2006, y el ejecutivo ha reactivado el tema enviando una indicación sustitutiva al mismo, cuyo objetivo es regular el uso de vegetales genéticamente modificados en el país. La autorización o rechazo de los cultivos genéticamente modificados en el país dependerá exclusivamente de ese proyecto y en nada dependerá de la aprobación del “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (UPOV 91).
fuente: http://www.viveagro....s-implicancias/
El problema es que monsanto busca soscabar la prohivicion de venta como alimento el uso de semilla transgenica.
En las próximas semanas el tribunal deberá decidir si acoge el recurso que busca impedir que se haga pública la ubicación de los terrenos se desarrollan este tipo de productos.
Una de las empresas productoras de transgénicos en Chile, pidió suspender la sesión programada para hoy en la 3era Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que definiría si es viable el recurso de ilegalidad presentado en contra de la resolución del Consejo Para la Transparencia, que obliga al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a transparentar la ubicación de los cultivos de estas semillas en nuestro país.
Tras la solicitud, el tribunal de alzada -según comentaron en el organismo que dirige Raúl Urrutia- deberá fijar una nueva audiencia para las próximas dos semanas.
El dictamen del Consejo, fechado el 25 de junio del año pasado, declaró como pública la información relacionada con “la ubicación exacta de cultivo y acopio de semilla transgénica de exportación, como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos”.
Además, al haber rechazado cualquier motivo de secreto o reserva legales, según la resolución, se permite “el control social del procedimiento que utiliza el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para la internación o liberación en nuestro país de los OVM (Organismos Vivos Modificados), así como para su fiscalización”.
Frente a la resolución de la entidad que encabeza Raúl Urrutia, nada menos que 24 -entre ellos Monsanto y Erick Von Baer, padre de la vocera del Gobierno- de las 26 empresas aludidas, optaron por acudir a tribunales para impedir que el SAG haga pública la información de sus cultivos.
Así, reclamaron contra la decisión A165-09 del Consejo de Transparencia: Agrícola Green Seed; Agrícola Winter Seed Limitada; Semillas Tuniche Limitada; Semillas Generación 2000 Limitada; Agrícola Purutun Limitada; Massai Agricultural Services Limitada; Semameris Limitada; Pinto y Gajardo S.A.; Semillas KWS Chile Limitada; CIS Semillas S.A.; Semillas Limagrain de Chile S.A.; Monsanto; Anasac Chile S.A.; Hytech Production Chile S.A.; Sociedad Agrosearch Limitada; Agrícola Oaken Seeds Limitada; Agrícola Huenchuñir y Hueche Limitada; Saprosem S.A.; Mansur Agricultural Service Limitada; y de los Sres. Erick Von Baer Lochow, Juan Francisco Gebauer Burmester y Nilo Lizama Arias.
El pronunciamiento de los tribunales se produce luego de que el Senado aprobara hace pocos días el convenio UPOV91 respecto a propiedad intelectual de las semillas y que el gobierno activara la polémica moción parlamentaria que en 2006 presentaron los senadores Eduardo Frei (DC), Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN) y Fernando Flores (ex PPD), que abre la puerta a la comercialización de transgénicos en el país, actividad que hoy está prohibida, pues las empresas sólo pueden realizar cultivo en el territorio nacional.
El senador Antonio Horvath (RN), en su calidad de miembro de la comisión de Medio Ambiente del Senado, ha señalado la necesidad de que la ciudadanía cuente con la información respecto a los cultivos transgénicos.
“Todo lo que se refiere a producción transgénica, tiene que tener un estudio de impacto ambiental, (…) es importante saber dónde se están haciendo porque los que están de vecinos tienen el derecho de saber si los están afectando o no, ya que estas cosas se pueden trasladar de un predio a otro”, estableció el senador.
Por su parte, el senador Alejandro Navarro (MAS), afirma que “espero que se declare admisible esa resolución, y que el gobierno paralice esto, que es lesivo para la mediana y pequeña agricultura, ya que sólo beneficia a los obtentores vegetales”
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