Corrupción Total 2: Elites Chantas... Caso Kodama

Si el Gobierno pretendió dar por superado el “caso Kodama” con la renuncia de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, volvió a equivocarse.  Tal como le sucedió al prolongar poner fin a la gestión de la intendente de BíoBío, Jacqueline Van Rysselberghe.  De esta manera han logrado transformar ambos hechos en temas centrales de preocupación pública durante semanas, faltando informes que deben conocerse en estos días, como el de la Contraloría.  Sus implicancias políticas fueron aumentadas en uno de ellos por las diferencias y polémicas abiertas al interior de los partidos de derecha y en el otro con un insólito respaldo abierto en el momento de la renuncia, tratando de presentarlo como un ejemplo a imitar. Posteriormente, el propio Piñera debió reconocer que se cometió un “error” al validar una transacción sin que se tuviesen “los antecedentes necesarios para fundamentar dicha decisión”.  Los ministerios de infraestructura, ha señalado el ex ministro Eduardo Bitrán, constituyen, por el manejo de recursos que se hacen en ellos, un “botín político”.  Eso tiene ejemplos tanto en Chile como en otros países.  Por ello, es de esperar, que el esclarecimiento de lo sucedido se realice realmente a fondo.

El gobierno de Sebastián Piñera entre las imágenes públicas que busca potenciar es que sería un ejecutivo eficiente y su administración estaría al margen de actos corruptos. Los antecedentes conocidos del caso Kodama –publicitado inmediatamente después que se viese obligada a renunciar la intendente de la VIII Región, Jacqueline Van Rysselberghe– muestra lo contrario.  Incluso el senador UDI Hernán Larraín –esposo de la ex ministra de Vivienda Magdalena Matte– lo debió constatar.  “Las sospechas de que hay algo más que una mala gestión tiene fundamentos –señaló- y por eso espero que la investigación arroje más luz sobre lo que está ocurriendo en el Serviu Metropolitano” (28/04/11).  Los hechos, eso sí, muestran que las responsabilidades van más allá del Serviu Metropolitano; llegar solo hasta allí sería encubrir temas de fondo y escabulliría la magnitud del escándalo.



Más aún, el propio Piñera debió reconocer que hubo errores, “porque cuando se validó la transacción con Kodama, ni la ministra, ni el ministerio, ni el Serviu tenían los fundamentos necesarios para fundamentar dicha decisión.  No descarto –añadió- otro tipo de irregularidades.  Incluso no descarto que existan ilícitos” (08/05/11).  Si es así, la forma de actuar ¿es limitarse a aceptar su dimisión y que presente su renuncia con el respaldo de varios ministros y de los partidos que forman la coalición de gobierno?

Los episodios turbios en un ministerio de la Vivienda no constituyen un acontecimiento nuevo. Un estudio efectuado por Eduardo Engel, Alexander Galetovic, Ronald Fischer y Manuel Hermosilla, considerando lo sucedido entre los años 1993 y 2007, lapso en que se materializó el 85%  de las obras bajo el sistema de concesiones, concluyó en que se cancelaron US$ 2.810 millones por renegociaciones de los  convenios primitivos.   La alta cantidad de renegociaciones se produce, señalaron los autores,  porque los contratos se suscribieron sin los debidos estudios, no contaban con los permisos ambientales y sin haberse resuelto oportunamente las expropiaciones, lo cual prolongó los períodos para su ejecución. ¿Estas insuficiencias no estuvieron también presentes en el caso Kodama?  De ser así, las responsabilidades alcanzarían también a la administración anterior. Las renegociaciones por regla general condujeron a incrementos en los montos a cancelarse. Desde luego un porcentaje puede ser justificable.  Pero no como norma, generando una gran sombra sobre la defensa y manejo de recursos públicos, como vuelve a quedar en evidencia con  lo sucedido en el caso Kodama.

El  ex ministro de Obras Públicas durante la administración Bachelet, Eduardo Bitrán –que, por lo tanto, conoció directamente lo que afirma- ha dicho que los ministerios de infraestructura constituyen “un botín  político. Las autoridades políticas que están sujetas al escrutinio publico -advierte– deben tener todas la desconfianza posible del sistema, porque los vicios son reales y por eso se pagan los costos políticos que se pagan” (30/04/11). Los hechos muestran que la ministra Matte no tuvo en cuenta esta realidad y de ello, lógicamente, no es la única responsable sino también quienes le asignaron esa función, empezando por Sebastián Piñera.

Las renegociaciones, cifró Bitrán, en un 83% provienen de tratativas bilaterales, en procesos poco transparentes.  Escasamente un 17% cuentan con un proceso de conciliación y arbitraje.  Por tanto, Kodama no constituye una excepción.  “La construcción de infraestructura  -describió un reportaje de El Mercurio– es un sector bajo sospecha aquí y en el mundo desarrollado.   (…) se ha descubierto, y sancionado, en la última década, prácticas colusivas en esta industria –añadió-  en países como Holanda, Reino Unido, Japón y Alemania (30/04/11). Durante la administración Lagos se vivió en el país, como demostración de ello, el llamado caso MOP- Gate [1].

La forma cómo fue manejado el  affaire Kodama es increíble por las carencias de control y la falta de profesionalismo. La ex ministra Matte  entregó, como escribió Carlos Peña, “ la negociación de los intereses fiscales a quien, hasta entonces, era abogado suyo y de su familia, Álvaro Baeza.  Al revés de lo que pensó la ex ministra, los países modernos son los que logran separar tajantemente el hogar de la empresa y sustituir las relaciones orientadas afectivamente por otras centradas en el desempeño de las personas.  Y es que las elites –concluyó-  manejan el Estado, o partes de él, como si fueran una extensión de su casa y sus afectos” (30/04/11).

Los antecedentes divulgados a la fecha llevan a concluir que responsabilidad directa tienen, además de Baeza –actuando siempre en representación de la ministra, según declaran diferentes testimonios- directivos nominados durante el actual gobierno, designados por el desprestigiado sistema del cuoteo político o promoviendo a personas recomendadas por las instancias directivas partidarias. La dirección del Serviu Metropolitano fue entregada a poco de asumir Piñera, en mayo de 2010, a Antonio Llompart, siendo ratificado en diciembre por el mecanismo de Alta Dirección Pública, creado por un acuerdo entre la Concertación y la derecha con el pretexto que  ello conduciría a privilegiar la calificación de los nominados.  Llompart es cuñado del vicepresidente de RN y  alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, de quien fue su asesor jurídico, pasando posteriormente a ejercer como secretario de la Corporación Municipal de la mencionada comuna. “En todos los temas importantes -se defiende Llompart-  el señor Baeza actuaba como consejero de la ministra. Para mí –recalcó- si estaba informado el asesor que la ministra había designado para el tema, ella también estaba informada” (26/04/11).

Por su parte, el subdirector jurídico del Serviu, Rafael Marambio, es militante de la UDI.  Se trata del mismo personero que reconoció haber viajado a Buenos Aires junto con el abogado de Kodama Matías Cortés con pasaje pagado  por la constructora.  Marambio fue también quien suscribió un documento interno del Serviu justificando la indemnización por $17.000 millones.  Según sus declaraciones Baeza encontró “sentido a mis argumentos”, manifestándole “que debíamos llegar al acuerdo en la audiencia de conciliación” (30/04/11).  Llompart, en su testimonio al fiscal, igualmente afirmó que “Marambio le informó que Baeza estaba de acuerdo” en cancelar $16.500 millones. ¿Quién responde por estas designaciones o las responsabilidades recaen exclusivamente en ellos?

El testimonio de Franz  Greve, subdirector de Pavimentación y Obras Viales, es particularmente crítico del papel desempeñado por Baeza y Llompart.  En primer lugar indica que sus cálculos, los cuales se les obligaba reiteradamente a revisar, eran que el monto a cancelar resultaba marcadamente inferior, muy lejano de los $17.000 millones establecidos en el arreglo concordado con la empresa.  Luego, reiteró en sus declaraciones que Baeza y Llompart le recomendaron en sucesivas reuniones efectuadas en el gabinete ministerial en presencia de dueños y abogados de la empresa, de “revisar todos los antecedentes” y “responder rápidamente”.

Greve citó a Baeza –que participaba explicitó por encargo de la ministra- manifestando: “El Estado no está para enriquecerse a costa de los empresarios y que si se debe plata ésta debe ser cancelada” (03/05/11). Agregando que el día 4 de noviembre le dio un plazo de noventa días para llegar a un acuerdo en reuniones de trabajo con representantes de la empresa no efectuándolas en base a informes escritos, como habían hecho normalmente, sino ”en forma personal, cara a cara”.

Los antecedentes proporcionados adquieren aún mayor gravedad cuando se reconoce por Rafael Marambio y Franz Greve que el informe elaborado para fundamentar la cancelación de los $17.000 millones fue redactado con posterioridad a que el Serviu y Kodama llegaran a un acuerdo.  Se escribió –declaró Marambio-  “como dos o tres semanas después de la transacción”.  “Este informe lo confeccioné –señaló Greve en su testimonio- en conjunto con el abogado Rafael Marambio.  Lo realizamos con posterioridad a la transacción –detalló-, a solicitud de las autoridades del Minvu (…)” (04/05/11).  Las tratativas se efectuaron tomando increíblemente como base un estudio de la Dirección de Investigación Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (Dictuc), encargado por Kodama.

Efectuar el pago con todos estos antecedentes era imposible.  La renuncia de Magdalena Matte a su cargo ministerial –presentado como un ejemplo de ética pública- se apresuró intentándose evitar que  se repitiese las consecuencias políticas negativas del caso Van Rysselberghe [2] para el Gobierno y los partidos oficialistas.  No lo lograron.  Las repercusiones de lo sucedido con la demanda por indemnización de la constructora fue aumentando como una espuma.  Volvió a expresarse la “nueva forma de gobernar”.  Es imposible creer que al momento de su renuncia no se conocía al más alto nivel la magnitud del escándalo. Al hacer dejación de su cargo los hechos igualmente se continuaron acumulando y divulgándose.

El otro argumento entregado en la versión oficial es que no existen recursos fiscales comprometidos.  Es una afirmación que  tampoco se sostiene, dado que la ex ministra, a través de un decreto exento, autorizó bajo su firma en enero el pago por el Serviu de $17.000 millones a la constructora.  “Nadie puede decir –como comentó Ascanio Cavallo- que el dinero no se ha perdido, todavía existe la probabilidad de que se  pierda en el futuro” (30/04/11).

El director del Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), Luis Larraín, trató de minimizar la gravedad de los hechos presentándolo como una excepción y de efectos acotados.  “Kodama –escribió- se refiere a un contrato entre el Estado y una empresa para la construcción de una obra.  Es un caso particular, que involucra a funcionarios de un solo ministerio” (30/04/11). Vano intento, cuando involucra a un ministerio y a las autoridades públicas.  Es más bien un hilo que al tirarse conducirá a cuestionar designaciones, manejo de recursos del Estado, sin descartarse hechos de una gravedad aún mayor.  El senador Alejandro Navarro presentó al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, una querella por los delitos de fraude al Fisco y cohecho y otro por la responsabilidad de Kodama como persona jurídica.  Por lo demás, tiene consecuencias políticas, desde el momento que la renuncia de la ex ministra se efectuó con la presencia y, en consecuencia, con el respaldo de varios ministros, parlamentarios y dirigentes de los partidos de derecha.  La repercusión crece cuando la Cámara de Diputados acordó designar una comisión investigadora aumentando el lapso de indagación desde el año 2006.  Es de esperar que en esta oportunidad se proceda a esclarecer con profundidad lo sucedido.

“ (…)  la mayoría de los crímenes corporativos –escribió Jeffrey Sachs-  pasan inadvertidos.  Los pocos que salen a la superficie terminan con una leve reprimenda.  Los verdaderos culpables (…)  rara vez tienen que preocuparse.  La explosión de la corrupción –agregó-, en EE.UU., Europa, China, India, África, Brasil y más allá plantea una serie de difíciles preguntas acerca de sus causas y sobre cómo controlarlas ahora que ha alcanzado proporciones epidémicas.  (…)  Los políticos –concluyó- suelen mirar hacia al lado cuando el comportamiento de las empresas cruza el límite” (06/05/11).  Esto es lo que debe  impedirse que suceda.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano